La madrugada de este sábado fue detenida la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, por supuesta relación con un golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales.

Áñez tildó de “ilegal” su detención al momento que fue detenida en el aeropuerto de El Alto, en La Paz. Junto a ella se encontraba el ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo y policías.

“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía”, había anunciado antes Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook, felicitando a las fuerzas del orden por su “gran trabajo (…) en esta gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.

Por su parte, la expresidenta denunció en las redes sociales “un acto de abuso y persecución política”.

El gobierno “me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió”, añadió Áñez en su cuenta de Twitter.

De momento se ignora dónde fue detenida, pero la víspera se pudo ver a un contingente policial ante su domicilio en la ciudad amazónica de Trinidad, capital del departamento del Beni, ubicada 600 km al noreste de La Paz.

EDICIÓN, TERRORISMO, CONSPIRACIÓN

La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra la expresidenta derechista y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, fueron detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.

La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales.

En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.

Áñez reemplazó constitucionalmente a Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas de fraudulentas. Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, Luis Arce.

En una carta, Camacho advirtió que “los bolivianos no se quedarán de brazos cruzados ante el abuso” y aseguró que no dejará el país. Camacho ganó la elección del pasado fin de semana para gobernador de la rica región de Santa Cruz (este) con más del 55% de los votos.

La orden de los fiscales alcanza además a los exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez.

PROTESTAS OPOSITORAS

El ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente del Senado y poderoso dirigente oficialista, Andrónico Rodríguez, señalaron que la justicia está actuando con independencia del poder político y negaron una persecución.

“Nosotros no podemos interferir en los casos que llevan adelante el Ministerio Público y la justicia. Son casos que ellos deben llevar en el marco de la objetividad y la independencia”, afirmó Lima.

Rodríguez reiteró por separado la narrativa oficialista de que a fines de 2019 hubo un golpe de Estado y acotó que lo que está sucediendo ahora “no es persecución, es justicia”.

Los expresidentes de Bolivia, el centrista Carlos Mesa (2003-2005) y el derechista Jorge Quiroga (2001-2002), rechazaron por separado las detenciones y órdenes de aprehensión. Ambos fueron actores claves para la transición del gobierno de Morales a Áñez en 2019.

“Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019”, dijo Mesa en Twitter.

Quiroga, por la misma vía, señaló que se “desata cacería revanchista” y al mandatario Arce le dijo que “eres un aprendiz de tirano”.

Un conglomerado de opositores había impulsado protestas en todo el país en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del oficialista Morales, quien buscaba un cuarto mandato.

Morales salió asilado a México y un mes después se fue a Argentina, donde estuvo refugiado hasta la llegada a la presidencia de Arce.

Un grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Bolivia indagando lo sucedido a fines de 2019.