La Administración litigará en los tribunales cada uno de los 900 casos de inmigrantes detenidos en 2018 para que los jueces determinen las reparaciones

La Administración del presidente Joe Biden ha puesto fin a las negociaciones para indemnizar a cientos de familias separadas por las duras políticas migratorias de Donald Trump. El Departamento de Justicia mantenía desde hace semanas la posibilidad de compensar hasta con 450.000 dólares a cada una de las víctimas de una de las medidas más controvertidas del republicano. Esta opción se ha esfumado este jueves, según un representante legal de los migrantes afectados. El Gobierno litigará, en cambio, los casos individualmente en los tribunales y serán los jueces quienes determinen los montos de reparación del daño para las víctimas, si es que los hay.

La decisión ha sido un nuevo revés de la Administración de Biden en su promesa de dar un viraje a la política migratoria. Hace un mes, el propio mandatario reconoció que las familias separadas en la frontera merecían una indemnización. “Si perdiste cruzando la frontera a uno de tus hijos por el indignante comportamiento de la anterior Administración, legal o ilegalmente, mereces una compensación. No importa la circunstancia”, dijo el presidente a inicios de noviembre. La reunificación de las familias separadas en la frontera fue una de sus grandes promesas en la campaña.

Las palabras del presidente llegaban como respuesta a una serie de publicaciones de The Wall Street Journal. El diario reveló en octubre que el Departamento de Justicia negociaba un acuerdo en casi un millar de casos de personas detenidas en 2018. El periódico afirmaba entonces que las autoridades estudiaban pagar más de 400.000 dólares por familia. Esto causó un gran revuelo en el Senado, donde once políticos republicanos exigieron al Ejecutivo deshacer el compromiso. Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana, lo consideró “ridículo”. Una fuente de la Casa Blanca confirmó que la remuneración sería menor, pero las negociaciones continuaban.

Este jueves, se han confirmado el cambio de los vientos. Lee Gelernt, abogado de la Asociación Americana para las Libertades Civiles (ACLU), quien había formado parte de la negociación, ha confirmado que la Administración se ha levantado a de la mesa para llevar a las cortes cada uno de los casos por separado. “La historia no juzgará amablemente a la Administración Biden por su decisión de no defender a todos estos niños pequeños”, afirmó Gelert al WSJ. El activista sugirió que la política en Washington ha sido el elemento que terminó por romper las negociaciones.

Los analistas creen que el acuerdo podía convertirse en un obstáculo para los demócratas en la campaña rumbo a las elecciones intermedias de 2022, donde se renueva parte del Congreso. El Gobierno de Biden, que tiene una aprobación que apenas rebasa el 40%, lucha por cambiar la narrativa en una crisis migratoria que le estalló semanas después de su llegada en enero a la Casa Blanca. La Patrulla Fronteriza hizo más de 1.6 millones de arrestos en la línea con México entre octubre de 2020 y octubre de 2021. Las detenciones en noviembre fueron más de 173.000, un aumento de 5% respecto al mes anterior. Esto supone un nuevo hito en un año donde el flujo migratorio ha quebrado todos los récords.

Con la presión encima de unos comicios que parecen desfavorables, el Gobierno de Biden ha apostado por la continuidad en algunas políticas migratorias implementadas por Trump. La Administración revivió a inicios de este mes, por mandato de un tribunal federal, los polémicos Protocolos de Protección al Migrante, conocidos coloquialmente como Quédate en México. Este programa obliga a los solicitantes de asilo a esperar una resolución a sus casos fuera del territorio estadounidense.

El Ejecutivo ha prometido dar respuesta a las peticiones en 180 días o menos y lo ha ampliado para mantener fuera de Estados Unidos a otros inmigrantes, pero contempla algunas excepciones. Entre estas están los inmigrantes discapacitados o con problemas mentales, los adultos mayores y quienes han sido discriminados en sus países de origen por su identidad sexual. Esto aún debe materializarse. Washington ha afirmado que la pandemia retrasó los procesos legales y que ahora hay al menos 1.3 millones de casos de inmigración por resolver.

El Gobierno también mantiene intacta la normativa conocida como Título 42, una medida de emergencia que Trump instauró en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, y que permite deportar rápidamente a quienes arriban sin papeles a tierras estadounidenses. Esta ha sido una herramienta útil que Biden ha usado para desahogar la frontera con México, una zona caliente que le ha traído muchos problemas en la política interna.