Advirtió que se vive un momento crítico en México sobre todo porque se observa que los esfuerzos institucionales actuales se encuentran desarticulados y en ocasiones son contradictorios, lo que resulta insuficiente para contener el fenómeno de la violencia en contra de la prensa, lo que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión.“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre la normalización y profundización de la violencia contra periodistas en México. En este contexto, la Oficina llama a las autoridades a dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno, y les urge a tomar medidas complementarias a las que están en curso en materia de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa”, difundió el organismo regional.

Destacó que en un momento crítico para las garantías a la libertad de prensa, se considera que los recursos humanos y financieros destinados al mecanismo de protección para periodistas, vigente, no han sido eficaces para evitar el asesinato de comunicadores; los esfuerzos mencionados sobre ajustes estructurales al sistema de protección y la anunciada capacitación de funcionarios están lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación; y los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y se confunden en tiempo y espacio con mensajes oficiales estigmatizantes que se enmarcan en una compleja y sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación.

“La relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que pierdan la contundencia, convicción y nitidez que debieran tener en este momento”, subrayó.

La Oficina de Comunicación y Vocería de la Presidencia de la República de México envió a la Relatoría una comunicación en la cual defendió que el gobierno federal: condena cualquier acto de violencia en contra de las personas que ejercen la profesión de periodistas; exige que se adelanten las investigaciones para que se esclarezcan los hechos y se sancione a las personas responsables; reconoce que la violencia contra la prensa también es una afrenta a la sociedad; y reitera el llamado a  todos los órdenes de gobierno para que se proteja la vida e integridad de periodistas.

“La Vocería de Presidencia cierra su apreciación destacando la obligación del Estado frente a la libertad de expresión y el pluralismo”.

“Para la Relatoría, los esfuerzos institucionales actuales se encuentran desarticulados, en ocasiones son contradictorios, y sumados resultan insuficientes para contener el fenómeno de violencia contra la prensa que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión en México. En este sentido, esta Oficina llama al Estado a tomar con urgencia medidas complementarias a las ya anunciadas, que se puedan activar en el corto plazo y orientadas a fortalecer el despliegue institucional en los distintos niveles de autoridad y competencia”, puntualizó.