Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder en México por haber defendido a personalidades como el expresidente del país Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es un admirador de Julio Iglesias. Y, por este motivo, este letrado que permanece en prisión desde 2019 por blanqueo de capitales y delincuencia organizada, quiso que el intérprete español amenizara su fiesta privada de 50º cumpleaños. Un complejo residencial de lujo en Acapulco con capacidad para 450 asistentes acogió la celebración y el concierto en mayo de 2014.

EL PAÍS ha tenido acceso al contrato “confidencial” entre Iglesias y Collado. El documento revela que el abogado pagó al artista 850.000 dólares (845.584 euros) “libres de impuestos” por un espectáculo de 75 minutos. Y que transfirió estos honorarios a través de una cuenta en Andorra a nombre de una de sus sociedades instrumentales (sin actividad) domiciliada en Ámsterdam, Constellation Investments CV.

El cantante facturó la actuación mediante su compañía en el paraíso fiscal caribeño de las Islas Vírgenes Británicas, International Concerts Ltd, y cobró en una cuenta del banco UBS del también territorio off shore de Bahamas, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

Un buzón de correo con 40 sociedades

La dirección de la compañía de Islas Vírgenes Británicas que Iglesias usó para facturar su concierto (Trident Chambers, Road Town) coincide con un buzón de correos en el que hay 40 sociedades domiciliadas, según la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés).

En paralelo al pago, Collado se comprometió por contrato a costear a Iglesias un equipo de seguridad de cuatro escoltas. Y a correr con los gastos de una suite y cinco habitaciones sencillas en un hotel de cinco estrellas. Además, abonó 20 habitaciones en otros establecimientos de entre tres y cuatro estrellas para el hospedaje del equipo del artista.

Veto a la prensa

El letrado de Peña Nieto asumió también la factura derivada del escenario, la iluminación y el equipo de sonido. Y garantizó al artista un blindaje ante periodistas. “El evento materia de este contrato deberá manejarse de manera muy confidencial por ambas partes. No se permitirá la presencia de prensa durante el concierto o en cualquier actividad donde el artista esté presente”, recogió el acuerdo, que estuvo firmado por R. Ucles, en representación de la sociedad caribeña que usó el cantante para facturar su espectáculo.

Collado abonó la mitad del concierto (425.000 dólares; 423.159 euros) tras firmar el acuerdo, en noviembre de 2013. Y el resto, nueve días antes de la actuación. Para hacer llegar el dinero al artista, el abogado recurrió a una compañía integrada en su alambicado entramado financiero en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde llegó a manejar 24 cuentas que movieron 120 millones de dólares (119 de euros) entre 2006 y 2015, según reveló este periódico.

EL PAÍS ha intentado, sin éxito, recabar la versión de Iglesias. Una persona próxima al artista señala que el cantante no tiene residencia fiscal en España desde 1978 y que tributó, al menos, hasta 2018 en la República Dominicana, donde vive.

La suerte de Collado comenzó a truncarse 10 meses después de que Iglesias le interpretara en Acapulco temas como Soy un truhan, soy un señor. Corría marzo de 2015. Y la BPA, un banco propiedad de los hermanos Ramón e Higini Cierco, era intervenido por las autoridades andorranas tras ser señalado por el Tesoro de EE UU. El motivo: actuar supuestamente como una lavadora de fondos de grupos como Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que perpetró la mayor trama de sobornos de América.

La actuación propiciada por el organismo estadounidense destapó que Collado era uno de los 174 misteriosos clientes mexicanos que eligieron la BPA para ocultar sus secretos pecuniarios más inconfesables. Andorra, un país de 77.265 habitantes blindado por el secreto bancario hasta 2017, irrumpía en escena.

Desde la intervención de la BPA, Collado ha figurado en la mirilla de los investigadores andorranos. La instrucción judicial que desarrolla desde 2016 una jueza del país europeo contra él conecta la operativa del abogado con un presunto delito de blanqueo de capitales y estima que colocó en el banco pirenaico fondos de dudosa procedencia. Incluso, asegura que pudo actuar como representante de terceros. O, lo que es lo mismo, de posible testaferro.

Junto a Peña Nieto, el letrado ha defendido al exlíder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps; al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Collado ha declarado siempre a la jueza que su dinero andorrano procedía de su exitosa carrera empresarial. En concreto, de su despacho de abogados C&A Collado y Asociados de Ciudad de México y de la casa de empeños Prenda Oro que creó su padre en 1999. Un negocio con 66 sucursales que —según indicó a la magistrada— le reportó unos ingresos de 84 millones de dólares (83 millones de euros) en 15 años.

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a la justicia andorrana ni a la policía de este Principado salpicado de estaciones de esquí. En su último informe, los agentes sugieren que Collado se benefició de su proximidad al cenáculo del poder priista para forzar la liberación de sus fondos en Andorra. El documento menciona un controvertido movimiento en 2018 de la Procuraduría General de la República (PGR) de México —que es como se llamaba entonces la Fiscalía bajo el mandato de Peña Nieto —, que justificaba la fortuna de los fondos del abogado y obligó a la jueza de Andorra a archivar provisionalmente la causa por blanqueo.

El carpetazo judicial, y la tranquilidad, de Collado duraron poco. Las pesquisas contra el abogado se reabrieron en 2019, ya bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y después de que el letrado fuera arrestado en julio de ese año en Ciudad de México por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de fondos. Unos cargos similares que propiciaron el archivo de su causa en Andorra. Con la reactivación de la instrucción, las autoridades pirenaicas ordenaron el embargo de los más de 90 millones de dólares (89 de euros) que el protagonista de esta historia acumulaba entonces en Vallbanc