A nueve años de la aparición de Uber en México, la oferta de las plataformas digitales de transporte ha crecido significativamente: hoy existen diferentes aplicaciones que están ganando mercado y compiten con la empresa de origen estadounidense, como DiDi, Beat y Cabify, al igual que servicios locales y enfocados en atender nichos específicos, como brindar viajes únicamente para mujeres.

El incremento y la diversificación de la oferta de las plataformas de transporte, incluso la adopción de tecnología para mejorar el taxi tradicional, permite proporcionar mejores servicios a las personas usuarias y contribuye a garantizar el derecho a la movilidad.

Gracias a la expansión del acceso a Internet y a dispositivos móviles, el uso de estas aplicaciones tecnológicas ha incrementado, generando beneficios de calidad, seguridad, mejores precios e incluso oportunidades de generación de ingresos para usuarios y conductores.

Sin embargo, también han surgido ofertas que no cumplen con las reglas de operación definidas por las autoridades, lo cual puede impactar no sólo en la calidad del servicio sino, especialmente, en los niveles de seguridad y eficiencia que han demostrado tener las aplicaciones gracias al uso de la tecnología.

En 2018, la empresa rusa InDriver comenzó a operar en algunas ciudades de México, promocionándose como un servicio de transporte que permite la negociación de las tarifas entre pasajeros y conductores.

Aunque en ciertos casos los usuarios acceden a tarifas más económicas respecto de otras plataformas de transporte, lo cual podría interpretarse como una innovación más en el modelo de negocio y un entorno aún más competitivo, en realidad la falta de cumplimiento de la regulación podría implicar que las personas estén sacrificando calidad y seguridad en sus viajes a cambio de una tarifa relativamente más baja.

En Jalisco y Coahuila, las autoridades de transporte han evidenciado que miles de vehículos y conductores vinculados a la aplicación InDriver prestan servicios a pesar de no estar registrada como lo determina la ley.

En septiembre de 2021, la Secretaría de Transporte de Jalisco retuvo vehículos de decenas de conductores debido a que la plataforma digital no está autorizada en la entidad.

Las malas prácticas y el incumplimiento regulatorio afectan uno de los pilares sobre los cuales se sustenta la economía digital y colaborativa: la confianza de los usuarios y de las autoridades.

Los automóviles fueron liberados luego de que los conductores se comprometieron a no volver a usar la aplicación sin el debido registro, pues la falta del mismo genera riesgos para ellos mismos y para los pasajeros.

Asimismo, en Coahuila las autoridades estatales y locales han detectado que miles de conductores y vehículos vinculados a la plataforma de origen ruso funcionan sin haberse registrado.

Rodolfo Navarro, subsecretario de Transporte y Movilidad de Coahuila, afirmó que la única aplicación que no cumple con los requisitos es InDriver.

“No es porque no tengan la voluntad de registrarse (los conductores) y que quieran andar en la ilegalidad, no; es que no cumplen los requisitos y tienen la necesidad de trabajar (…). El tema no es el registro de las aplicaciones, salvo InDriver: no tiene ni oficinas en físico en México, no hay ni a quién ubicar”, advirtió el funcionario en julio de 2022.

También en la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la capital reportó en el Segundo Informe de la Cuenta Pública de 2020 que sólo DiDi, Uber, Cabify, Beat, Commute Technologies, Plataforma de Transporte Digital, Transportación Inteligente MP, Taxify México y Lusad Servicios se habían registrado hasta ese entonces.

La ausencia de cumplimiento de la normativa representa un problema para la movilidad segura, eficiente y ordenada en las ciudades, pues los requisitos de registro están orientados a tener un control vehícular, un seguro que cubra daños, lesiones o incluso la muerte de usuarios y terceros, y cubrir las responsabilidades fiscales con el pago de impuestos.

Además, en mayor o menor medida, las plataformas de transporte han optado por colaborar voluntariamente con las autoridades, integrando sus plataformas a los Centros de Comando y Control de algunas ciudades, como es el caso de DiDi.

Prioridad, proteger a usuarios

La irrupción de las plataformas de la llamada economía colaborativa ha propiciado desafíos para las autoridades y las instituciones regulatorias.

Si bien el debate sobre cuál debería ser el marco normativo para este nuevo modelo de negocios aún está en marcha, existe consenso de que los marcos regulatorios deben velar por la seguridad y la protección de los pasajeros.

En México, la Comisión Federal de Competencia Económica recomienda que la normativa dirigida a las plataformas de transporte se limite a tutelar objetivos públicos elementales, tales como la seguridad y protección al usuario, estableciendo requisitos básicos como la acreditación de un seguro de cobertura amplia y la revisión de capacidad y antecedentes de los conductores.

Es decir, debe existir un piso parejo de cumplimiento normativo por parte de todas las plataformas de movilidad, para que la competencia sea justa, no se cometan prácticas anti competitivas, se proteja la integridad de los usuarios y éstos no pierdan la confianza en el ecosistema y la industria.

Por eso, muchas de las entidades del país que han avanzado en proyectos para regular las aplicaciones tecnológicas como Uber han creado registros para los vehículos y conductores, los cuales se alimentan de la información proporcionada por las propias plataformas y han definido criterios para la operación de este tipo de servicios.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad emitió una serie de lineamientos para el funcionamiento de las plataformas.

Los conductores deben registrarse ante la dependencia, contar con una licencia de conducir tipo E1, acreditar pruebas de capacitación y someterse a revisiones documentales y físico-mecánicas.

A partir de esa información, la Secretaría elaboró un padrón del servicio de transporte prestado por las aplicaciones y los vehículos asociados.

En Jalisco, los conductores se comprometieron ante la Secretaría de Transporte de la entidad federativa a no volver a usar la plataforma sin registro InDriver y de sugerir que otros tampoco la utilicen.

Los conductores firmaron una carta compromiso donde reconocieron haber infringido la ley al utilizar una plataforma sin permiso, se obligaron a no reincidir en esta falta y reconocieron que no pueden responder por una empresa que no “da la cara” para solicitar su registro ante la autoridad correspondiente.

En otros estados como Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Nuevo León las plataformas han sellado acuerdos de colaboración con las autoridades para reforzar la seguridad de los pasajeros a bordo de los vehículos, y enlazarse directamente con los respectivos Centros de Coordinación Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) de la entidad en caso de algún incidente o emergencia.

En el Estado de México, desde marzo de 2021 los usuarios y conductores de DiDI tienen la posibilidad de hacer uso del Botón de Emergencia, el cual está conectado con el C5 mexiquense, para reportar algún incidente.

Al menos 41 por ciento de los usuarios de Internet utilizan las aplicaciones de transporte en México, de acuerdo con datos de la Asociación de Internet MX, principalmente porque consideran que es más seguro (57%). Esa valoración por parte de la población ha hecho que las plataformas sean cada vez más populares y preferidas.

Por ello, si bien la regulación debe ser flexible y adaptada a las condiciones de la economía digital, ante la aparición de los nuevos modelos de negocio de las plataformas digitales, al mismo tiempo requiere ser efectiva y clara para proteger la seguridad y privacidad de los datos de pasajeros y conductores, y permitir que la economía digital siga creciendo con base en la confianza que cada vez más le otorgan los usuarios y las autoridades.