México va por su revancha contra los gigantes de las armas de Estados Unidos. Los abogados que representan al Estado mexicano han hecho oficial que apelarán la decisión de un juez de Massachusetts de desechar su demanda contra ocho armerías, señaladas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como responsables de la violencia armada que azota al país. Se trata del inicio del segundo asalto en la batalla judicial de las autoridades mexicanas para sentar en el banquillo de los acusados a algunos de los pesos pesados de la industria armamentista estadounidense. Tras el revés sufrido en el primer intento, la estrategia legal de México irá por dos vías: esta apelación y una demanda civil presentada hace dos semanas ante un tribunal de Arizona.

“Se da aviso de que los Estados Unidos Mexicanos, demandante en el asunto arriba mencionado, apelan la orden de anulación fechada al 1 de octubre de 2022 ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE UU”, se lee en el aviso judicial presentado por los abogados que representan al país. Esta notificación marca el comienzo de la fase de apelación. A partir de ahí, un nuevo tribunal decidirá si la decisión de recurrir está fundamentada y, en su caso, si es necesario que se reanude el caso.

Desde finales del año pasado, el Gobierno de López Obrador acusó a las armerías de prácticas negligentes y campañas publicitarias específicamente diseñadas para atraer a organizaciones del crimen organizado como compradores. En la opinión de las autoridades mexicanas, los fabricantes no solo no hicieron nada para evitar que sus fusiles llegaran a manos de los delincuentes, también buscaron activamente que les compraran sus productos.

A finales de septiembre, el juez Dennis Saylor argumentó que la demanda de México no era procedente porque en Estados Unidos existe la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto impulsado durante la Administración de George W. Bush que blinda a la industria armamentista ante cualquier demanda surgida por el mal uso que se dé a sus productos. “A pesar de que este tribunal siente una empatía considerable por los mexicanos, y ninguna en absoluto para aquellos que trafican armas a las organizaciones criminales de México, está obligado a cumplir con la ley”, señaló Saylor en su fallo.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo tras conocer la decisión del juez que este escenario estaba contemplado y adelantó que se iba a presentar una apelación. “Estábamos preparados”, señaló Ebrard.

El aviso de apelación, presentado esta semana, aún no incluye los argumentos que presentarán los litigantes a favor de México. Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS comentan que la argumentación se basará en dos puntos. El primero es que el blindaje legal que da el PLCAA a las armerías no puede aplicarse extraterritorialmente. Esto quiere decir que no aplica para daños cometidos fuera de Estados Unidos. El equipo de abogados de México asegura que hay varios precedentes en Estados Unidos de que si una ley estadounidense no establece de forma explícita que puede aplicarse más allá de las fronteras del país, no puede interpretarse de ese modo.

El segundo argumento se basa en que la ley contempla ciertas excepciones a ese blindaje legal que protege a la industria armamentista y que , incluso si el PLCAA aplicara, la interpretación que hizo la corte de Massachusetts de esas excepciones fue demasiado restrictiva. Los abogados afirman que una visión más amplia sí justificaría los reclamos presentados por México contra algunos de los nombres más conocidos de la industria como Glock, Barrett y Beretta. Las autoridades aseguran que cada año cruza medio millón de armas ilegales por la frontera.

La demanda civil de Arizona, presentada a mediados de este mes, va contra cinco vendedores de armas y ponen a ese Estado sureño como el epicentro del tráfico ilegal hacia México. Además de los dos frentes legales abiertos, la Cancillería mexicana ha impulsado el tema en la mesa bilateral de negociaciones en materia de Seguridad. Es un quid pro quo. El país latinoamericano insiste en que si la Casa Blanca quiere frenar el trasiego de drogas, tiene que ayudar a sus vecinos a detener el tráfico de armas.

“Tenemos que redoblar los esfuerzos para atacar el tráfico ilegal de armas”, reconoció el secretario de Estado, Antony Blinken, tras una reunión de Seguridad con Ebrard el pasado 13 de octubre en Washington. “El año pasado, más de 33.000 personas fueron asesinadas en México, más de dos tercios de los homicidios dolosos involucraron armas de fuego”, agregó.

Si bien se han amarrado cada vez más apoyos políticos, el frente legal se ha topado con un muro. De derribarlo, la decisión supondría un hito sin precedentes.