A pesar de que Genaro García Luna enfrenta un juicio penal en Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico, el exfuncionario mexicano aún tiene cuentas pendientes en México. Además de las dos órdenes de aprehensión en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que busca recuperar una millonaria cantidad de la que se hizo acreedor.
Se trata de USD 700 millones (cerca de 13 mil 160 millones de pesos mexicanos) que García Luna obtuvo mediante contratos públicos a empresas de las cuales él y sus allegados eran socios. Esa fortuna -presuntamente ilícita- la habría generado desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y continuó con el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando ya no ocupaba un cargo público en el Gobierno de México.
Fueron alrededor de 30 contratos simulados entre 2009 y 2018 mediante los cuales el “super policía” se benefició. Al menos 10 provinieron la extinta Policía Federal, por un monto superior a los USD 316 millones; otros de la Secretaría de Gobernación que sumaron más de USD 247 millones, y uno de la Fiscalía capitalina por USD 1,5 millones, según documentos a los que tuvo acceso El País.
Al tratarse de supuestas operaciones financieras ilegales, el Gobierno de México inició una estrategia legal desde el año pasado con la cual se busca recuperar dicho dinero. Fue así que el 21 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda civil en la Corte del Onceavo Distrito Judicial de Miami-Dade.
Con este proceso judicial lo que se busca es el resarcimiento por los daños causados. “El objetivo de esta demanda, que se presentó en Florida, es la restitución al Gobierno mexicano de todos los bienes que existan a su nombre o de sus allegados”, dijo el 24 de enero el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
Para ello, se contrató a la firma de abogados Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, mejor conocida como KCM, para que actúe como representante en el litigio. A cambio, el gobierno de México ofreció el 30 por ciento de lo que se lograra recuperar. Sin embargo, existe la posibilidad de que no se gane la demanda.
En un primer momento se buscaban rescatar USD 250 millones, pero luego de que Santiago Nieto dejó la titularidad de la UIF, Pablo Gómez -su sustituto- presentó una ampliación de la demanda ya iniciada y elevó la cifra a USD 745 millones.
Es así que el presidente López Obrador ha sido enfático en recuperar la fortuna de García Luna. “Lo que nosotros vamos a procurar es recoger el dinero”, comentó el tabasqueño en su conferencia matutina del 24 de enero, al mismo tiempo que indicó que se le dará un seguimiento cercano a su juicio en Estados Unidos, el cual se espera finalice en marzo.
La demanda civil de la UIF es diferente del juicio penal que el exsecretario de Seguridad Pública enfrenta actualmente en Estados Unidos. Esta última tiene que ver con cargos relacionados al nacortráfico y delincuencia organizada, pues se le acusa de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa para permitir el tráfico de cocaína al país vecino.
Los actos por los cuales García Luna es acusado en EEUU ocurrieron durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Es por ello que el juez, Brian Cogan, ha pedido descartar la fortuna que el exfuncionario mexicano obtuvo después de 2012, toda vez que la consideró “irrelevante” para el caso.
La semana pasada iniciaron los alegatos iniciales en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde se ha presentado media docena de testigos: tres exnarcotraficantes (dos mexicanos y uno estadounidense), así como un policía y dos agentes de la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, declaró haber estado presente cuando García Luna recibió personalmente sobornos provenientes del Cártel de Sinaloa, los cuales se efectuaron entre 2001 y 2008. Lo anterior reforzaría la versión de sus presuntos vínculos criminales.
Además de este juicio y la demanda civil, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el 29 de enero que en México existen dos órdenes de aprehensión en contra del exfuncionario: uno por el caso ‘Rápidos y Furiosos’ y otra con los CEFERESOS.
