De acuerdo con el informe El Agua en México, Actores, sectores y paradigmas, 12 millones de personas carecen de acceso a agua potable, al mismo tiempo, las sequías se han intensificado durante la última década y la sobreexplotación de los acuíferos se ha incrementado en 15 por ciento.

En el país 102 de los 653 acuíferos se encuentran sobreexplotados y 46% del vital líquido se pierde por fugas en las redes de abastecimiento, además 80% de los cuerpos de agua del país presenta algún tipo de contaminación por descargas industriales. En contraste, sólo 1 de cada 100 litros de agua que caen por concepto de lluvia es captado para su utilización en distintas actividades y debido a la pobre calidad del agua en la mayoría de las cuencas, México es el país número uno en consumo de agua embotellada del mundo.

En el Día Mundial del Agua -22 de marzo- declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concientizar sobre la crisis de agua y saneamiento, debemos entender que es un problema de la mayor relevancia. Si bien es cierto que la Tierra está configurada mayoritariamente por el recurso hídrico, 98% de este líquido es salado y se encuentra concentrado en los océanos. Únicamente el 2% restante (40,000 km3) es de agua dulce. Si desglosamos este escaso 2% de líquido potencialmente bebible, descubriremos que 27,760 km3 (68.9%) de agua dulce disponible en la Tierra está congelada en los polos en forma de glaciares y nieve; 12,112 km3 (30.8%) es agua subterránea y sólo 128 km3 (0.3%) es superficial y está localizada en lagos, lagunas, ríos y humedales. En resumen, el agua dulce total con la que contamos en el planeta es de sólo 0.6 por ciento.

El informe asegura que, a pesar de su escasez, este líquido vital puede ser suficiente para todos los seres vivos que ocupamos el planeta y los que se acumularán en las siguientes dos décadas, antes de que la población se estabilice, hacia 2050, en los 9,000 millones de personas, pero esta disponibilidad futura del agua no podrá alcanzarse si mantenemos las vigentes formas irracionales de uso de los ecosistemas y el consumo desmedido de la misma.

¿Acciones pendientes en México?

De acuerdo con IMCO, Centro de investigación en política pública, el Día Mundial del Agua debe servir como un recordatorio de la urgente necesidad de modernizar la gestión del agua en México y hacer efectivo el derecho humano a su acceso.

Para que eso suceda un punto que destacan a través de su reporte Aguas en México, ¿escasez o mala gestión?, el primer eslabón es modernizar la legislación para adaptarla a la nueva realidad, donde se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica.

Comparten que de lo contrario podría darse una crisis hídrica en los próximos años y décadas. En febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°.

Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992. A la fecha, una década después, su aprobación aún está pendiente.

¿Por qué es tan relevante renovar la legislación?

Explican que esta falta de actualización provoca otorgar títulos de concesión sin un proceso transparente que permita cederla a un tercero en caso de que el usuario original ya no requiera utilizarla. Esto promueve malas prácticas entre los usuarios, como hacer uso de un volumen mayor al concesionado, traspasar el título a otros usuarios sin transparencia, o cambiar el uso sin la actualización de la concesión.

Por ejemplo, existen casos que, al momento de obtener la concesión, le daban uso agrícola al agua, pero que hoy en día esa misma concesión se utiliza para alguna otra actividad industrial, comercial o de servicio.

Solo si el volumen extraído supera el estipulado por la concesión que se otorga de acuerdo con las necesidades del usuario, el monto a pagar es de 17 centavos por metro cúbico. Por su parte, la industria, comercios y servicios pagan entre 23.48 y 35.86 pesos el metro cúbico dependiendo la región.

También hay un monitoreo deficiente pues los títulos para el aprovechamiento de agua registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no son monitoreados adecuadamente. 97% no tienen medidor y 93% de los medidores instalados no han sido verificados, lo cual incentiva el uso desmedido y las tomas clandestinas, por las cuales se llega a perder hasta un 15% del agua potable en México.

Por último, en los últimos cuatro años se redujeron a más de la mitad las visitas que realiza la autoridad para vigilar el correcto uso del agua. Tan solo en 2013 se realizaron 10,915 visitas mientras que en 2012 se realizaron 2,812.

A lo largo de la última década, actores de la sociedad civil y de partidos políticos se han opuesto a las distintas iniciativas para la nueva Ley con el argumento de que su objetivo es, en el fondo, la privatización del recurso. Dada la dificultad para llegar a consensos, la discusión está estancada.

Desde 2021, la Comisión de Recursos Hídricos ha buscado revivir el tema con la propuesta para crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica que cumpla los compromisos de inversión hídrica hacia 2030. Se trata de 600,000 millones de pesos necesarios para atender las anomalías de los recursos hídricos en el país. Aun así, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas.

Algunas otras acciones necesarias, desde el ámbito de gestión pública de los recursos naturales, incluyen la evaluación y actualización de la delimitación de cuencas a nivel nacional, utilizando criterios geofísicos en lugar de geopolíticos. Aún más, la administración y el monitoreo efectivos de las concesiones es urgente en todos los sectores. Finalmente, las autoridades deben considerar el uso de tecnología de monitoreo en tiempo real para identificar las fugas de agua en los sistemas de tuberías.

Concluyen que un marco legal y regulatorio más moderno no resolverá por sí solo los retos de la gestión del agua, pero es una condición indispensable para encaminar al país hacia sistemas hídricos más eficientes que garanticen el acceso al agua para todos los mexicanos.