Los aumentos en la migración “han agotado los recursos del gobierno mexicano y colocado a los migrantes en riesgo de sufrir daños”, señala informe de Estados Unidos. El gobierno de López Obrador “se ha acomodado” a las políticas migratorias de Estados Unidos, señala.

El endurecimiento de las políticas migratorias de México, por la presión estadounidense, ha ocasionado que los migrantes tomen rutas más peligrosas y hayan aumentado su dependencia de los contrabandistas. También, los ha expuesto a ser víctimas de la delincuencia, reconoce un informe del Congressional Research Service, servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos.

Para el ente que analiza fenómenos sociales para evaluar acciones y políticas de gobierno, así como plantear posibles legislaciones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “se ha acomodado” a las políticas migratorias de Estados Unidos, lo cual, reconoce, también lo ha llevado a “agotar” recursos para frenar que, principalmente centroamericanos y ciudadanos de América del Sur, lleguen a la frontera norte.

Sin embargo, los analistas alertan que “no está claro” como podría responder la administración de AMLO ante “más cambios” exigidos por el país vecino, pues actualmente, tanto el Instituto Nacional de Migración (INM), como la Guardia Nacional, intervienen, lo que ha representado más efectivos y más recursos.

El informe “Mexico’s Immigration Control Efforts” (“Esfuerzos de control de inmigración en México”) refiere que, tras las demandas de los presidentes Donald Trump y Joe Biden, nuestro país, como los Estados Unidos, “ha luchado para hacer frente a un gran número de los migrantes” que buscan llegar a la frontera”, especialmente las familias y los menores no acompañados, muchos de los cuales buscan asilo”; sin embargo, “los aumentos en la migración han agotado los recursos del gobierno mexicano y colocado a los migrantes en riesgo de sufrir daños”.

Un reporte elaborado en marzo cita que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha informado sobre un número récord de encuentros de migrantes en la frontera suroeste. Asimismo, añade que, con base en información proporcionada por la Secretaría de Gobernación de México, las detenciones reportadas de migrantes no autorizados casi se han quintuplicado, de menos de 100 mil en 2017, a cerca de 450 mil en 2022.

“Históricamente, los migrantes que ingresan México han emigrado en su mayoría del Triángulo Norte de países de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

Desde la pandemia por coronavirus en 2019, el número de migrantes que ingresan a México desde las regiones más allá de América Central ha aumentado sustancialmente. En 2022, por primera vez, las autoridades mexicanas detuvieron más migrantes del Caribe y América del Sur que del Triángulo Norte, añade.

PERSISTE CORRUPCIÓN

Es en este tenor que se presenta la preocupación del Congressional Research Service: “El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se ha acomodado a las políticas de Estados Unidos, que han desplazado parte de la carga de prohibir migrantes y acogida de solicitantes de asilo de los Estados Unidos a México. Sin embargo, no está claro cómo responderá México cualquier otro cambio en las políticas de asilo de Estados Unidos que puedan afectar a México”.

Si bien el rol del país en la política migratoria de la nación vecina ha aumentado en elementos de seguridad y recursos, no es un asunto reciente.

Desde 2014, con apoyo de Estados Unidos, México ha establecido bases navales en sus ríos, cordones de seguridad al norte de sus fronteras con Guatemala y Belice, y aviones no tripulados Vigilancia en regiones fronterizas, recuenta el Congreso. De igual forma, señala que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) han aumentado operaciones a lo largo de las rutas del tren en el que se desplazan los migrantes y en las estaciones de autobuses, por lo cual han investido en infraestructura en los cruces fronterizos y establecido dispositivos móviles y puntos de control en las carreteras.

“Según los informes, la agencia lleva a cabo detección biométrica de migrantes en los centros de detención utilizando equipo suministrado por el Departamento de Asuntos Internos de Seguridad de EE. UU. (DHS). El INM también ha buscado profesionalizar su mano de obra y mejorar la coordinación con las aduanas y fuerzas de seguridad federales, estatales y locales”, abunda el informe; no obstante, alerta que “a pesar de los esfuerzos, el INM conserva una reputación de corrupción y débil observancia de las protecciones a los migrantes”.

Como resultado, reconoce, los migrantes siguen siendo vulnerables a la delincuencia y otros abusos.

Los analistas recuerdan que, en 2018, el presidente López Obrador asumió con el compromiso de adoptar un enfoque humanitario de la migración y promover desarrollo en Centroamérica como solución a la salida masiva de habitantes. El historial del gobierno en estas áreas, precisan, es mixto. “Por ejemplo, la Comisión para la Ayuda de Refugiados (COMAR) ha permanecido con fondos insuficientes y tiene una gran acumulación de casos de asilo”.

Asimismo, “los observadores también tienen cuestionan la efectividad de la contribución de México a Sembrando Oportunidades, un programa de desarrollo para abordar las causas profundas de migración irregular desde el Triángulo Norte”.

El informe señala que, desde 2019, “López Obrador ha tomado una línea más dura hacia migración, en parte debido a la presión estadounidense. Su gobierno tiene un aumento de las aprehensiones de migrantes y acceso restringido a Visas humanitarias, particularmente para aquellos que viajan en grandes grupos (caravanas)”.

Como consecuencia, “los migrantes han tomado rutas más peligrosas y han aumentado su dependencia de los contrabandistas”. Aunado a esto, menciona que después de que México desplegara su nueva Guardia Nacional para la fiscalización migratoria, han recibido informes del aumento al maltrato a los migrantes.

Al respecto, ejemplifica que en una operación de enero de 2021 contra traficantes de migrantes, la policía estatal habría matado a 19 personas, incluidos migrantes guatemaltecos, cerca de Estados Unidos.

“Desde 2021, México busca mantener el asilo Buscadores en el sur de México a pesar de las terribles condiciones allí. México también ha impuesto nuevos requisitos de visa para aquellos de Brasil, Ecuador y Venezuela, y aumentó expulsiones”, expone.

PROTECCIÓN HUMANITARIA 

De 2017 a 2019, las solicitudes de asilo se triplicaron en México, según los reportes del gobierno mexicano a su similar estadounidense. No obstante que disminuyeron en 2020 debido a la pandemia, aumentaron de nuevo desde 2021.

En 2022, México recibió 115 mil 756 solicitudes de asilo, la mayoría de Honduras, Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Desde 2020, Honduras ha sido el único del Triángulo Norte que permanece entre los cinco principales países de origen de los que buscan asilo en México. Chile y Brasil también se encuentran entre los 10 primeros países de origen, “aunque expertos sostienen que la mayoría de esos individuos son de origen haitiano”, cita el informe, que también precisa que “decenas de miles de haitianos se trasladaron a esos países después del terremoto de 2010 en Haití; algunos desde entonces han migrado nuevamente debido a las restricciones de inmigración y desafíos económicos”.

En cuanto a medidas de seguridad, EU asegura que, desde mediados de 2022, y hasta enero de 2023, en conjunto con México, han arrestado a 8 mil posibles contrabandistas, en el combate a la trata de personas.

El informe, elaborado por Clare Ribando Seelke, directora interina de Investigación de la Sección migratoria y Ramón Miro, analista en Asuntos Latinoamericanos, recuenta que Estados Unidos expulsó alrededor de 2.5 millones personas a México bajo el Título 42 de marzo de 2020 a febrero de 2023.

“Dado que algunos países limitan o rechazan las deportaciones estadounidenses de sus ciudadanos, la disposición de México para acoger a los migrantes expulsados de esos países ayudaron a mantener la aplicación del Título 42”, que es una de las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos implementadas para evitar la propagación de Covid-19, por lo que, aunque ha sido también una política antimigratoria, es considerada una medida de salud pública.

En octubre de 2022, la administración de Biden anunció que devolvería a la mayoría de los venezolanos a México bajo el Título 42. En enero de 2023, inició las expulsiones de cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Para los especialistas, el Congreso estadounidense podría considerar ampliar, restringir o poner condiciones o requisitos de información sobre la asistencia de Estados Unidos a México a través de fondos que proporciona el gobierno de Biden; sin embargo, alerta que incluir una legislación podría afectar la migración de Estados Unidos a México, así como algunos temas bilaterales, entre los que se encuentran los esfuerzos para abordar las causas profundas de la migración, tráfico de migrantes y procesamiento de asilo en Estados Unidos y la frontera con México.

El manejo de migrantes en México ha sido motivo de múltiples violaciones a los derechos humanos e incluso de tragedias como la ocurrida en Ciudad Juárez el 27 de marzo pasado, cuando 40 personas murieron víctimas de un incendio, la mayoría atrapadas en un albergue provisional dirigido por el INM.