🔸Además, la próxima administración se enfrentaría a varios obstáculos, como los 14 países que rechazan a deportados y la saturación de más de 4 millones de casos en las cortes

#INTERNACIONAL | La segunda administración de Donald Trump gastará más de 241 millones de dólares diarios, tan sólo en movilizar personal en busca de migrantes, que por ahora son ubicables, pero el esfuerzo de deportar a un millón de personas en el primer año
—dos mil 739 cada día—implica convertir a cada institución en colaboradora de agentes de Migración y enfrentar múltiples barreras legales.

Hasta ahora nadie ha expresado planes concretos en torno a la anunciada “mayor deportación masiva en la historia” de Estados Unidos, como definió el propio presidente electo.

El vicepresidente electo, JD Vance, declaró que se deportará a un millón de personas el primer año, El nominado jefe de política, Stephen Miller, ha mencionado que en total serán 11 millones de personas, y el asignado zar fronterizo, Tom Homan, dijo que la deportación comenzará con los delincuentes que ya son ubicables.

En cuanto a pasos específicos que han mencionado miembros del gabinete de Trump, se van a construir carpas que las autoridades van a usar como centros de detenciones, con un total de hasta 10 veces la actual capacidad.

También se sabe que la próxima administración planea terminar con programas que han permitido a los migrantes —indocumentados y solicitantes de asilo— permanecer en el país, como los dreamers, los que hoy gozan de libertad condicional mientras avanzan sus casos de asilo y los que viven en EU bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (ante deportaciones).

El expresidente que más deporto migrantes fue Barack Obama, con poco más de 400 mil en su administración; le siguió Donald Trump, con 360 mil. Llevar a cabo en un año una deportación tres veces mayor que la que alcanzó en cuatro años de gobierno puede verse impactante en cuanto a promesa electoral, pero resulta irrealista, según un experto.

John Sandweg, exfuncionario de Migración del gabinete de Obama, explicó que hay dos atolladeros que tendrá que enfrentar la administración Trump para sus ambiciosos planes de deportación.

Primero que nada, las autoridades en verdad tienen que encontrar y detener a los migrantes. Algunos de los más ubicables son quienes recientemente han solicitado asilo, porque todavía esperan audiencia en corte y como requisito ante los tribunales deben presentar su domicilio exacto.

Pero a cada caso la constitución le otorga el derecho de defenderse ante una corte de migración. Actualmente, en las cortes hay un retraso general de unos 4 millones de casos. Los siguientes casos necesitarán esperar por lo menos mil días para ser presentados y a partir de entonces ingresan al calendario de citas, audiencias, respuestas y si acaso a final de deportación.

Si los migrantes son detenidos mientras se aceptan sus casos en tribunales, el gobierno incurre en gastos de entre 390 y 500 dólares por día por migrante, sin que se garantice que serán deportados.

Luego, cuando finalmente algunos sí puedan ser deportados, hay por lo menos 14 países que rechazan migrantes deportados desde Estados Unidos, son miles de personas que, de ser enviadas a su país de origen, literalmente se quedan en el aire.

Pero también hay obstáculos internos. Todavía no empieza la deportación y ya sectores como la poderosa agroindustria de California, que esta vez llevó a Trump a la presidencia, y corporaciones de la construcción en Texas, ya han pedido a Trump que sus sectores queden exentos de deportación de trabajadores, pues podrían quebrar.

Los indocumentados suman 10% de la fuerza laboral estadunidense, aportan unos cien mil millones de dólares en impuestos para fortalecer programas sociales que ellos mismos no disfrutan debido a su condición migratoria, como seguridad social, el plan de salud para personas mayores Medicare, ahorro para el retiro y planes de salud a bajo costo.

ASEGURAN A MIGRANTES EN TIZAYUCA
Policías aseguraron a 22 migrantes que permanecían hacinados en tres domicilios de la localidad de El Carmen, en este municipio.

Dichas acciones se llevaron a cabo en coordinación con el INM y la Procuraduría estatal, quienes identificaron en los inmuebles a 12 hombres, siete mujeres y tres menores de edad de diversas nacionalidades. De acuerdo con la dependencia, los migrantes originarios de Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba no pudieron acreditar su estancia legal en el país por lo que fueron trasladados por las autoridades a la delegación del INM.

Durante las diligencias fueron identificados dos sujetos de iniciales J. P. L. y M. A. A. C., quienes aprovecharon de los extranjeros para buscarles alguna actividad y quedarse una parte de los ingresos.