El nuevo sistema de justicia no ha podido reducir la aplicación de la prisión preventiva.

La población carcelaria de Quintana Roo no ha logrados disminuir porque a pesar de que uno de los objetivos del nuevo sistema de justicia es reducir la aplicación de la prisión preventiva, el número de egresos de las cárceles es incluso superado por los nuevos ingresos.

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un total de mil 622 personas abandonaron los centros penitenciarios durante 2019, sin embargo, durante ese mismo periodo fueron ingresados mil 655 personas más, es decir, 33 personas más.

Sobre el tema, José Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, explicó que existen, primordialmente, dos causas: la reforma constitucional que incrementó el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, así como el trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y el Poder Judicial.

En el primer caso, la reforma constitucional –en abril de 2019–, incluyó en el catálogo de prisión preventiva el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, robo de combustible e hidrocarburos (huachicoleo), abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa-habitación y a transporte de carga, desaparición forzada y la cometida por particulares, entre otros.

¿Por qué la población carcelaria no baja?

Para el entrevistado, otro elemento a considerar para explicar el por qué la población carcelaria no baja, es la efectividad y coordinación entre la policía, los ministerios públicos y los juzgados, que han incrementado las judicializaciones de los asuntos.

“Te puedo decir que en 2018, por lo que hace al delito de robo, habían sido judicializados de enero a septiembre, 88 asuntos; en 2019 fueron 239 asuntos y, en lo que va del año vamos casi con los mismos números que el año pasado.

Incluso en delitos que no tenían casi presencia se han aumentado los números. Ejemplo de ello es la extorsión, que en 2018 se llevaron a los juzgados cuatro asuntos y, en lo que va del año, van 27.

“Finalmente, por lo que hace a las audiencias, si tomamos en cuenta cuanta se llevaron a cabo en otros años, el incremento es notorio. En 2019, se otorgaron nueve órdenes de cateo y, en lo que va de este año, van 46. En cuanto a las vinculaciones, que es para determinar el inicio del juicio y el proceso para los imputados, el incremento también es notorio, pues en el 2018 son se dieron 217, en 2019 se dieron 451 vinculaciones y en lo que va del año van 410”.

Por su parte, Luis Héctor Sarti Pérez, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, consideró que otro factor que influye que no haya una reducción en la población carcelaria, es el rezago en procesos pendientes iniciados con averiguaciones previas en el viejo sistema.

“Ahora, con el nuevo sistema penal acusatorio, esas carpetas de investigación van a la par, es decir, no con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio desaparecen los antecedentes que se tenían, sino que esas averiguaciones siguen en trámite”.

Esto ha ocasionado que una parte de las personas relacionadas con averiguaciones continúe su proceso dentro de las propias cárceles, lo que evita que se desahoguen estos espacios.

En ese sentido, León Ruiz refirió que en 2017 había mil 500 sentencias pendientes por dictar por delitos del fuero común en los juzgados de Cancún y Playa del Carmen en el sistema penal tradicional, por lo que se inició un programa para abatir el rezago.

“Ahora, de los mil 579 casos, únicamente en condiciones para dictar sentencia son 295, es decir, el 18 por ciento. Es un panorama completamente diferente al de 2017”.

Asimismo, refirió que de 2018 a 2020 se han liberado a 949 personas de las cárceles de Quintana Roo, ya sea por remisión de la pena o porque fueron absueltos.

Ambos entrevistados coincidieron que aún continúa el proceso de consolidación del nuevo sistema penal y que aún va a llevar tiempo para verse los resultados en la impartición de justicia en el estado y en el país.