El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, con el objetivo de generar conciencia sobre los derechos y responsabilidades que tenemos en la lucha anticorrupción las organizaciones de sociedad civil, el gobierno, el sector privado, los medios de comunicación, la academia, entre otros.

En México, año tras año se organiza una serie de eventos en los que actores como los antes mencionados hacen un balance sobre los avances y retrocesos en esta lucha. Desde mi punto de vista, durante este año que concluye, los retrocesos superaron a los avances. Incluso, algunos de los logros más notorios no se podrían adjudicar al trabajo de las autoridades, sino a las acciones e iniciativas de las organizaciones de sociedad civil que operan en los tres ámbitos de gobierno. Me refiero a esas mismas organizaciones que paradójicamente han sido cuestionadas por la administración federal a raíz de su trabajo a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En esta ocasión me centraré en uno de los principales retrocesos, relacionado con el uso alarmante y desmedido de adjudicaciones directas en las contrataciones públicas. Por dar un ejemplo, recientemente una investigación presentada por Latinus señalaba que, de 966 contratos adjudicados para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 70% fueron entregados por adjudicación directa y el resto se otorgó mediante invitación a tres personas, con lo que el ejército prácticamente le cerró la puerta a la competencia.

En uno de los reportes e investigaciones periodísticas que Ethos Laboratorio de Políticas Públicas ha realizado sobre el programa Sembrando Vida, se identificó que la mayoría de los contratos se han hecho por adjudicación directa. Adicionalmente, en la huasteca veracruzana, funcionarios del programa diseñaron una estrategia para favorecer a empresas cercanas a sus amigos y familiares. En este sentido, a los beneficiarios del programa se les obligó a comprar herramientas e insumos de baja calidad con esos proveedores y lo peor del caso, es que los técnicos y campesinos que denunciaron esta práctica fueron despedidos o dados de baja del programa.

El mismo criterio predominó en la compra de medicamentos e insumos médicos en el contexto de la pandemia, bajo el argumento de que el problema sanitario justificaba las compras de emergencia. Entre otras cuestiones, ello generó sospechas sobre posibles compras a sobreprecio y sirvió para justificar la poca y mala calidad de la información en torno a dichas compras.

Este ambiente de opacidad se agrava con el decreto que emitió el presidente de la República el 22 de noviembre pasado, en el que se declara de interés público y de seguridad nacional prácticamente todo tipo de obras a cargo del gobierno federal. A pesar de la justificación del ejecutivo que apunta a que “tenemos que apurarnos para seguir sirviéndole al pueblo”, el decreto implicaría clasificar los contratos como “reservados”, con lo que los ciudadanos no podrían ejercer su derecho de acceso a la información, violando así el artículo seis de la Constitución.

Sin duda, la prisa por terminar las obras emblemáticas de esta administración y el deseo de evitar amparos que las pudieran retrasar o frenar, no puede ser una razón válida que justifique la opacidad. En el camino, esto generará que de un plumazo se pasen por alto estudios indispensables en toda obra pública, viabilidad financiera, impacto ambiental, entre otros. Años de experiencia en la materia han dejado claro que la opacidad es la aliada de la corrupción. De la misma manera, no se puede decir que se combate la corrupción cuando en forma paralela se llevan a cabo acciones para ocultar información, evitar el escrutinio y la rendición de cuentas.

México está pasando por un momento complicado en varios aspectos y la corrupción no hace más que agravar los problemas existentes. Si bien ningún país del mundo está libre de corrupción, sí hay varios que han tenido avances notorios y que hoy en día tienen preocupaciones más acotadas, como la supervisión del sector financiero o la implementación de las leyes antilavado, por ejemplo. Aunque la experiencia internacional demuestra que difícilmente la corrupción se erradica por completo, se requiere ir avanzando en ciertos temas elementales.

A pesar de que el discurso del combate a la corrupción pareciera ser una prioridad y una actividad que se practica en México todos los días, los hechos muestran que ésta es una tarea a la que únicamente se apela por conveniencia y que se debilita al paso del tiempo. Entre otras cosas, este 9 de diciembre nos debe invitar a reflexionar y a planear qué podemos hacer todas y todos desde nuestras diferentes trincheras para propiciar los avances, independientemente del sector del que se trate y de la voluntad política que exista por hacer un cambio real.