Rosa María Trejo llegó a la capital mexicana gracias a un hermano residente en Arizona que envió dinero para ayudar a financiar el difícil viaje desde su natal Venezuela. Ahora él le proporciona dinero en efectivo para comida y alojamiento en un pequeño hotel mientras ella resuelve qué hacer.

Ella no ha abandonado su plan de llegar a Estados Unidos.

“No quiero quedarme en México, pero tampoco quiero volver a Venezuela”, dice Trejo, de 27 años. “Mi hermano me dice que es mejor esperar aquí hasta que cambie la situación en Estados Unidos”.

Decenas de miles de venezolanos que están atrapados en México parecen estar pensando lo mismo a medida que se extiende la esperanza de que Estados Unidos pronto comenzará a dejarlos entrar de nuevo – dos meses después de que los agentes federales comenzaron a rechazarlos en la frontera sin la oportunidad de solicitar asilo político.

La autoridad para mantenerlos fuera provino de una ley de salud pública de décadas de antigüedad, el Título 42, que fue resucitada por la administración Trump durante la pandemia de COVID-19. La administración de Biden luchó contra la ley en los tribunales, pero la utilizó de todos modos, primero para los mexicanos y centroamericanos, pero luego para los venezolanos después de que un número récord llegara a la frontera, aumentara la presión política para tomar medidas enérgicas y México accediera a dejarlos entrar de nuevo.

Como resultado, los venezolanos son omnipresentes en los refugios, comedores de beneficencia y campamentos de personas sin hogar, desde las sofocantes selvas de Panamá hasta las calles de esta capital congestionada por el tráfico y los pueblos desérticos a lo largo del Río Grande. Algunos piden monedas y comida; otros dependen de la caridad, los trabajos ocasionales y la ayuda de familiares.

El mes pasado, sin embargo, un juez federal dictaminó que la aplicación del Título 42 para restringir la inmigración era “arbitraria y caprichosa”, dando de plazo al gobierno de Biden hasta el 21 de diciembre para poner fin a esta práctica.

Queda por ver cuál será la próxima estrategia fronteriza de la Casa Blanca. Muchos venezolanos atrapados en México han decidido esperar.

“Mucha gente dice que los estadounidenses nos van a dar otra oportunidad, pero no sabemos nada con claridad”, dijo Carlos Fernández, de 36 años. “Quiero tener fe, creer que podremos cruzar a Estados Unidos”.

El refugio de Ciudad de México donde se aloja está diseñado para 90 personas, pero alberga a 500, en su mayoría compatriotas venezolanos. De profesión mecánico, Fernández dijo que espera encontrar trabajo en Estados Unidos para ayudar a su mujer y sus dos hijos pequeños, que permanecen en el estado nororiental de Sucre.

“Lo que hizo Biden nos cogió por sorpresa”, dijo Fernández, refiriéndose a la ampliación a mediados de octubre del Título 42 para centrarse en los venezolanos. “Quedamos básicamente en el limbo”.

Sumida en la agitación económica, política y social, Venezuela ha visto cómo casi 7 millones de personas -aproximadamente una cuarta parte de la población- se han marchado desde 2014. La mayoría se ha asentado en la vecina Colombia y otros países sudamericanos.

El éxodo se ralentizó cuando las condiciones económicas mejoraron ligeramente en Venezuela y algunos emigrantes regresaron. Pero Estados Unidos, que inicialmente no era un destino importante, se convirtió en un imán en el último año más o menos cuando se corrió la voz entre los venezolanos de que a los solicitantes de asilo que llegaban a la frontera se les permitía entrar en el país.

“Oímos que era como una luz verde; Biden estaba dejando entrar a todo el mundo”, dijo José Díaz, de 32 años, quien, junto con su esposa, se encontraba entre las decenas de migrantes que buscaban ayuda frente a la Embajada de Venezuela en Ciudad de México. “Pero todo eso cambió una vez que estuvimos aquí”.

La aplicación del Título 42 para enviar a los venezolanos de vuelta a México se produjo mientras se disparaba el número de los que llegaban a la frontera suroeste. En el año fiscal 2022, las autoridades estadounidenses informaron de la detención de casi 190.000 venezolanos a lo largo de la frontera, el triple del total del año anterior.

En septiembre, antes de que el gobierno de Biden invocara el Título 42, los guardias fronterizos estadounidenses detuvieron a un número récord de 33.000 venezolanos. A la mayoría se les permitió entrar en Estados Unidos para solicitar asilo.

Muchos emigrantes venezolanos venden casas o piden grandes préstamos para financiar sus viajes, que pueden costar más de 5.000 dólares. La mayoría viaja por tierra desde Sudamérica a través del Tapón del Darién, una franja de densa selva que une Colombia y Panamá, antes de abrirse camino a través de Centroamérica hasta México.

Muchos cuentan historias de robos en México o de detenciones en cárceles abarrotadas donde la comida apenas es comestible.

En octubre, México informó de la detención de 52.262 migrantes, un récord para un solo mes. Los venezolanos representaban el grupo más numeroso, alrededor del 42% de todos los detenidos. La mayoría fueron puestos en libertad y se les ordenó abandonar el país, una medida que muchos ignoraron por falta de fondos y de ganas de volver a casa.

En su lugar, muchos se han refugiado en México.

Casi 13.000 venezolanos solicitaron asilo político en México en los 11 primeros meses de este año, un 39% más que el total de los dos últimos años juntos.

Muchos solicitantes de asilo político reconocen que su objetivo es mantener la proximidad con Estados Unidos y mantener vivas las aspiraciones de trasladarse allí.

“Quizá sólo tengamos que esperar en México un poco hasta que Estados Unidos nos deje entrar”, dijo Christian Ontuño, un venezolano de 45 años que se encontraba entre los que hacían cola ante la oficina central de refugiados de Ciudad de México.

Algunos venezolanos, agotados y arruinados, han renunciado al sueño americano e intentan volver a casa. Varios centenares han conseguido asientos gratis en vuelos de Ciudad de México a Caracas patrocinados por los gobiernos venezolano y mexicano.

“Prefiero regresar a través de la selva que tener que viajar por México otra vez”, dijo Rosa Bustamante, de 29 años, que habló desde fuera de la Embajada de Venezuela en Ciudad de México en una mañana reciente mientras buscaba un lugar en un vuelo. “En México te meten en la cárcel. Te dan comida en mal estado. Te roban. Te amenazan. Te extorsionan”.

Tardó dos meses en viajar desde su casa en el estado venezolano de Táchira, en la frontera con Colombia, más de 5.000 kilómetros hasta Mexicali, donde ella y varios compatriotas entraron en California y se entregaron a la Patrulla Fronteriza.

Todos fueron enviados rápidamente de vuelta a México, dijo Bustamante, una exbombero y trabajadora de farmacia que dejó a su hijo de 12 años en Venezuela con sus padres.

“Todo en este viaje ha salido mal”, dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. “Mejor vuelvo ahora a mi tierra. Sí, es hora de volver a casa”.

A su alrededor, en la calle donde se encontraba, había otros venezolanos durmiendo bajo mantas, tiritando bajo el frío invernal, algunos deseando volver, pero otros decididos a continuar su viaje hacia el norte.

McDonnell es redactora y Sánchez Vidal corresponsal especial. La corresponsal especial Liliana Nieto del Río ha contribuido a este reportaje.