Aún así, las acciones de Grupo México registraron su mayor subida en casi seis meses tras el anuncio del miércoles. “Al no llevar a cabo dicha adquisición, GMex evita lo que creemos habría sido un largo y desafiante proceso de integración y cambio”, se lee en una nota de investigación de Morgan Stanley, que mejoró las acciones de Grupo México.
Por supuesto, esto elimina sólo parte del riesgo político para Grupo México, ya que AMLO también decidió la semana pasada expropiar una concesión ferroviaria que la empresa tiene en el sur de México. A pesar de los informes de que se había llegado a un acuerdo entre la empresa y el presidente nacionalista sobre la compensación por la expropiación, AMLO fue vago durante su conferencia de prensa del miércoles por la mañana, diciendo que espera un acuerdo, pero que el gobierno no va a pagar en efectivo. La empresa no ha hecho comentarios.
Esa, en esencia, esa es la mala noticia. Las peleas de AMLO con Grupo México son sólo la evidencia más reciente de su renovado impulso para dar forma a México S.A. en algo más cercano a su visión: una economía en la que el gobierno está involucrado en más y más negocios, en la que la “seguridad nacional” y el ejército se invocan cada vez más para justificar la interferencia en el mercado, y en la que las empresas privadas están cada vez más sujetas al último capricho del gobierno. Representaría un regreso al México de las décadas de posguerra, antes de la revuelta neoliberal de finales de los ochenta.
AMLO lo dijo en su conferencia: “Durante 36 años el gobierno fue facilitador de la transferencia de los bienes de la nación a particulares”. Prácticamente declaró que esta era ha terminado.
A sólo 16 meses del final de su sexenio, el presidente sigue adelante con su planteamiento. Recientemente anunció un acuerdo de USD 6 mil millones para comprar 13 centrales eléctricas obsoletas a Iberdrola SA. Ahora está considerando la compra de Citibanamex.
Y lo que es más preocupante, también el miércoles propuso ampliar la deuda pública para perseguir estos objetivos. Según sus cálculos, la relación deuda/PIB de México es ahora tres puntos porcentuales inferior a la de sus predecesores. Eso libera 900 mil millones de pesos, dijo AMLO, que podrían utilizarse para financiar operaciones como la de Citibanamex.
Esto es preocupante porque la situación fiscal del país, aunque sólida, está mostrando signos de deterioro, con una caída de los ingresos presupuestarios en los primeros meses del año. AMLO, que hasta ahora ha gozado de la confianza del mercado de bonos, debería tener cuidado de no seguir el camino de otros presidentes de izquierda latinoamericanos que sacrificaron la disciplina fiscal en la búsqueda de un mayor control político. No sólo sería un error no forzado para una economía en expansión, con bajo desempleo y creciente inversión extranjera gracias al auge del nearshoring. Pero el historial del Gobierno mexicano en la gestión de este tipo de empresas -piénsese en Pemex- no es precisamente tranquilizador.
“Necesitamos un banco”, dijo también AMLO el miércoles, y estaba claro que no se refería a sí mismo, sino al Estado mexicano, ya que AMLO es famoso por no tener una cuenta bancaria. Ahora, el presidente no bancarizado, que tampoco usa tarjeta de crédito, va tras acuerdos multimillonarios como si fuera una especie de negociante de Wall Street.
