BACALAR, MX.- Expertos en temas ambientales y ejidatarios advierten que el Tren Maya impactará severamente a las comunidades en la tenencia de la tierra, en lo ambiental y en lo social.
“Deberíamos ir a un proyecto más participativo, sin prisa por hacer asignaciones directas a empresas internacionales y sin traer un montón de turistas sin haber atendido antes la problemática local ambiental”, alertó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Entre los problemas que deben resolverse antes, dijo, está el esquema de gestión de residuos sólidos urbanos y la contaminación hídrica.
Durante su participación en el “DEBA-TREN ‘MAYA’”, que tuvo lugar en esta comunidad, Leticia Merino, investigadora de la UNAM, alertó sobre el riesgo de despojo de tierras a las comunidades.
“Otro tema es la deforestación que ya se viene dando y que se está incrementando”.
Pedro Uc, ejidatario, expuso que los pueblos indígenas corren el riesgo de perder los territorios que históricamente han dedicado al manejo forestal, a la producción de chicle y de miel orgánica.

TREN MAYA, ¿PROYECTO NEOLIBERAL?

Defensores del medio ambiente, especialistas en el tema y pobladores advierten que el Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura del Gobierno federal, se perfila bajo un modelo neoliberal que resulta contradictorio con la abolición al neoliberalismo decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Algunas de las medidas que cuestionan son la estructuración de los Fideicomisos de Inversión de Bienes Raíces (Fibras) del Tren Maya, en cuyas ganancias quedan fuera los ejidatarios, las asignaciones directas de contratos a empresas extranjeras para diseñar el plan maestro y el estudio costo-beneficio.
Así como la apropiación de terrenos ejidales sin respeto por las comunidades indígenas que se oponen a este proyecto y el no tomar en cuenta los impactos ambientales y sociales en la región, señalaron expertos al participar en el “DE-BA-TREN ‘MAYA’”, que se llevó a cabo del 3 al 7 de abril.
“Es un esquema plenamente neoliberal. El único criterio es maximizar la ganancia de los inversionistas en el menor tiempo posible, pero sin considerar la participación integral de los ejidos y comunidades indígenas mayas que son los dueños de la tierra y quienes tendrían que estar en el centro de esas Fibras.
“Además, el trazo tiene impacto ambiental porque sí rompe con la integridad del ecosistema”, expresa Raúl Benet, biólogo especialista en desarrollo territorial y ambiental.
Para la estación del Tren Maya en Bacalar, abunda, los promotores pretenden adquirir 5 mil hectáreas y algunos ejidatarios ya sostienen negociaciones individuales con empresas extranjeras ante la presión que ejercen para adquirir los terrenos, lo cual deriva en la división de las comunidades indígenas mayas.
“Hay más de 500 conflictos ambientales en todo el País precisamente por este modelo, en donde llegan gestores de Gobierno o de las empresas, van a hacer un proyecto, ofrecen dinero a los ejidatarios de manera individual, algunos se resisten, pero otros aceptan por una necesidad económica real y esto rompe el tejido social de la vida comunitaria que tiene el ejido”, explica Benet.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) advierte que a lo largo de la ruta del Tren Maya existen mil 828 comunidades rurales y 163 núcleos ejidales.
“Queremos levantar una alerta, ¡cuidado!, como se está diseñando el Tren Maya nos va impactar en las comunidades, en la tenencia de la tierra, en lo ambiental y en lo social”, alerta Sergio Madrid, director ejecutivo del CCMSS.
“Deberíamos de ir a un proyecto más participativo, sin prisa por hacer asignaciones directas a empresas internacionales y sin traer un montón de turistas sin haber atendido antes la problemática local ambiental”.
Entre los problemas ambientales que deben resolverse de manera prioritaria, dice, está el esquema de gestión de residuos sólidos urbanos y la contaminación hídrica que predomina en Bacalar.
“Hay una amenaza muy grande de despojo de tierras a las comunidades, como ha pasado en los últimos 30 años en el crecimiento de la zona turística maya, desde Cancún hasta Bacalar”, enfatiza Leticia Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
“Las comunidades tienen que protegerse para que no pierdan la tierra, que es el activo más importante que tienen, y aquellos que estén dispuestos a vender, hay que asegurarse que lo hagan en condiciones que no sean abiertamente desventajosas para ellos”, agrega.
La también coordinadora del Seminario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, considera que, además de Fonatur, en este proyecto deben participar de manera activa el Instituto Nacional Indigenista, así como la Semarnat, Sedatu y la CNDH.
El proyecto del Tren Maya, continúa, privilegia el desarrollo sin advertir impactos ambientales tales como el acceso al agua y saneamiento, así como la deforestación.
“La Península de Yucatán trata apenas el 30 por ciento de las aguas negras, si incrementamos la población con millones de turistas más tendremos problemas con el saneamiento porque la Península tiene suelos cársticos en los que se filtran fácilmente los contaminantes y este tema no es trivial cuando tenemos un proyecto como el Tren Maya.
“Otro tema es la deforestación que ya se viene dando y que se está incrementando ahora con el programa Sembrando Vida y que nos está cambiando el ecosistema original de una manera muy drástica”, afirma Merino.

Requieren licencia social

Además de cumplir con la legislación ambiental, el Tren Maya requiere una licencia social de la población local y más vale que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) cumpla con los procedimientos para darle sustento técnico, científico y jurídico, advierten expertos ambientales.
“Hay proyectos que han tenido permisos y concesiones, pero no tienen la licencia social y eso ha hecho que muchos proyectos en el País se vayan para abajo porque no tienen el consenso de la población local y es porque no los consultan o los consultan inapropiadamente”, plantea Gustavo Alanis Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Alanís Ortega destaca que a partir de la Manifestación de Impacto Social (MIS), las comunidades indígenas mayas deberán ser tomadas en cuenta respecto a la ruta del Tren Maya.
Durante su participación en el “DE-BA-TREN ‘MAYA’”, expertos ambientales analizaron también el impacto social que tendrá este proyecto sobre las comunidades mayas.
“No es sólo el tren sino todo el ordenamiento urbano territorial de la región. Tienen que ver todo lo que implica el desarrollo de nuevas ciudades que, hasta donde sabemos, por lo menos van a ser tres. ¡Imagínense la complejidad desde el punto de vista de impacto ambiental!
“Me parece que sería muy plausible que Fonatur exponga el proyecto para que la gente pueda conocerlo con certidumbre. Si hay engaños, si hay mentiras, eso va a provocar mayor oposición social. Entre más pronto puedan hacer la información más disponible, van a generar mayor certidumbre”, indica.
A partir de la Manifestación de Impacto Social (MIS), agrega Alanís, se podrá advertir el papel que jugarán las comunidades indígenas en el proyecto del Tren Maya.
“La pregunta aquí es ¿qué tanto van a tomar en cuenta a los locales de manera adecuada y efectiva?, ¿van a ser parte del proceso? o nada más será para cumplir con el requisito de que les fui a preguntar, qué fastidio, vamos adelante. ¿quiénes van a ser desplazados con motivo del proyecto y qué opciones les van a dar?”, cuestiona Alanís Ortega. (Agencia Reforma)