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Ex regidora destituida por corrupción recibirá pensión mensual de 108 mil pesos

Luego de protagonizar un escándalo de corrupción y ser inhabilitada de cualquier cargo, Elisa Ayón, ex regidora del PRI en Jalisco, recibirá una pensión por jubilación de 108 mil pesos.
A pesar de que en 2014 fue destituida del Congreso de Jalisco, y deshabilitada por 10 años tras un escándalo de corrupción, la ex funcionaria priísta Elisa Ayón se jubiló y recibirá una pensión de más de 100 mil pesos mensuales.
De acuerdo con Mural, el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) resolvió el pasado viernes otorgar a la priísta una pensión que asciende a 108 mil pesos, que comenzará a cobrar a partir de este mes.

Ayón fue destituida en 2014 luego de figurar en un caso de corrupción y abuso de poder
Ayón fue destituida en 2014 luego de figurar en un caso de corrupción y abuso de poder

Fuentes de la institución aseguran que a pesar de permanecer inhabilitada para laborar en cualquier cargo público, Ayón aportó 33 mil pesos mensuales a su fondo de pensiones, con lo que finalmente se hizo acreedora a la jugosa jubilación.
Hasta el momento se desconoce cuál fue la actividad que la exregidora emprendió durante ese periodo, aunque el diario Mural asegura que se refugió en un negocio familiar.

Destituida por corrupción

Ayón estuvo envuelta en un escándalo en 2013, cuando estaba al cargo del área de Panteones del Ayuntamiento de Guadalajara, además de ocupar una regiduría.
Fue entonces cuando el también regidor Juan Carlos Anguiano, del partido Movimiento Ciudadano, filtró un audio en el que se escuchaba la voz de la funcionaria en el que amenazaba con despedir a servidores públicos.

“La que manda en Panteones soy yo; yo los metí, voy a ser su gobernadora, con ustedes y sin ustedes”, se le oye decir en el audio. A pesar de haber admitido ante los medios de comunicación que se trataba de su voy, Ayón nunca desmintió las acusaciones.
Posteriormente, en marzo de 2014, el Congreso de Jalisco la destituyó del cargo de elección popular, y mediante un juicio político se le aplicó una sanción de diez años de inhabilitación para el ejercicio del servicio público.
El dictamen contra Ayón se basó en acusaciones de abuso de autoridad, así como en incongruencias, falsedad y omisiones en su declaración de bienes patrimoniales.