Los conflictos armados —las guerras— siguen causando muerte, desplazamiento y sufrimiento a gran escala. Actualmente tienen lugar numerosos conflictos armados en todo el mundo que perjudican a millones de personas de muchas formas, entre ellas causando la muerte de civiles y exponiendo a quienes logran sobrevivir a mutilaciones, torturas, violaciones, desaparición forzada y otros abusos graves de derechos humanos.

¿Qué es un conflicto armado?

Un conflicto armado es un enfrentamiento violento entre dos bandos o grupos humanos grandes que genera muerte y destrucción material. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) distingue dos tipos: el que implica a partes beligerantes dentro de un solo Estado (conflictos armados no internacionales) y el que implica a fuerzas armadas de dos o más Estados (conflictos armados internacionales).

Los conflictos armados son un escenario en el que pueden producirse una serie de abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Entre ellas se encuentran los ataques deliberados contra civiles y objetos civiles, los ataques indiscriminados y desproporcionados, el uso de armas intrínsecamente indiscriminadas (como las minas antipersona) y el reclutamiento de niños y niñas soldados. Amnistía Internacional insta a todas las partes, incluidos los grupos armados, a respetar las normas establecidas en el derecho internacional humanitario (que incluye los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales y el derecho internacional humanitario consuetudinario).

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario?

Los conflictos armados se rigen fundamentalmente por el derecho internacional humanitario (DIH), también conocido como “leyes de la guerra”. El DIH es un conjunto de normas —codificadas en tratados o reconocidas por la costumbre— que delimitan el comportamiento aceptable de las partes en un conflicto. Las violaciones graves del DIH constituyen crímenes de guerra.

Los objetivos primordiales del DIH son minimizar el sufrimiento humano y proteger a la población civil y a excombatientes que ya no participan directamente en las hostilidades, como las personas prisioneras de guerra.

El DIH exige que las partes en un conflicto distingan entre civiles, que gozan de protección, y combatientes, que son blancos legítimos de ataque. No se puede atacar deliberadamente a civiles, aunque pueden morir o resultar heridos si esto ocurre como parte de un ataque proporcionado contra un objetivo militar. Todas las partes en el conflicto deben adoptar medidas para reducir al mínimo los daños a civiles y bienes de carácter civil (como edificios residenciales, colegios y hospitales) y deben evitar llevar a cabo ataques en los que no se distinga entre civiles y combatientes, o que causen daños desproporcionados a la población civil.

Las violaciones graves de derechos humanos, como los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de agresión pertenecen a una categoría jurídica especial llamada derecho penal internacional. Todos los Estados tienen la obligación de enjuiciar a las personas sobre las que existan sospechas razonables de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluso en virtud del principio de jurisdicción universal, pero muchos no pueden o no están dispuestos a llevar a los responsables ante la justicia. La comunidad internacional ha establecido tribunales especiales para exigir responsabilidades a quienes perpetraron este tipo de violaciones de derechos humanos en la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona. En 2002 se estableció la Corte Penal Internacional (CPI) para poner fin a la impunidad de los delitos de derecho internacional.

Razan al-Najjar, una paramédico palestina de 21 años, trabaja con un colega para atender a un hombre herido en una tienda médica de emergencia tras los enfrentamientos con las fuerzas israelíes, el 1 de abril de 2018. Razan fue disparada dos meses después en el pecho por un francotirador israelí. © Said Khatib/AFP vía Getty Images

Hay 124 Estados que son Partes en el documento fundacional de la CPI —el Estatuto de Roma— y están sometidos a la jurisdicción de la Corte. La CPI es un tribunal de última instancia, utilizado cuando los sistemas nacionales de justicia no pueden o no quieren llevar ante la justicia a los responsables. Los casos pueden ser remitidos a la CPI por los Estados Partes o por el Consejo de Seguridad de la ONU, que también puede remitir casos contra Estados que no son Partes en el Estatuto. La fiscalía de la CPI también puede decidir abrir una investigación contra un Estado Parte basándose en pruebas externas. Algunos Estados han establecido tribunales híbridos —tribunales nacionales con elementos internacionales— para exigir responsabilidades a quienes han perpetrado crímenes de derecho internacional.

El derecho internacional de los derechos humanos —corpus jurídico que incluye el derecho internacional consuetudinario, los tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos, y dota de carácter legal a los derechos inherentes al ser humano— también es aplicable durante las situaciones de conflicto armado.

¿Cómo documenta Amnistía Internacional las violaciones de derechos humanos cometidas en los conflictos armados?

Amnistía Internacional realiza investigaciones in situ o a distancia sobre violaciones del derecho internacional cometidas durante los conflictos armados.

Los equipos de investigación de Amnistía Internacional pasan miles de horas al año sobre el terreno en zonas afectadas por conflictos, entrevistando a testigos y sobrevivientes y recabando información de una diversidad de organizaciones y autoridades locales, tanto militares como policiales. El personal asesor de Amnistía Internacional sobre armas y fuerzas armadas identifica armas y municiones y analiza sus efectos.

Además de informar directamente desde las zonas de conflicto, Amnistía Internacional utiliza avanzadas técnicas de teledetección —entre ellas el análisis de imágenes satelitales y la verificación de materiales digitales disponibles, como vídeos y fotografías publicados por testigos— para vigilar los conflictos armados en todo el mundo.

El material fotográfico y los testimonios recopilados sobre el terreno, junto con los datos e imágenes recabados a distancia, proporcionan la información fáctica en que se basa el trabajo global de incidencia y campaña de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional realiza trabajo de incidencia de alto nivel y campañas de base para proteger a la población civil en los conflictos y apoyar las demandas de justicia de las personas sobrevivientes, especialmente mediante el apoyo a la labor de los tribunales nacionales, los tribunales híbridos y la Corte Penal Internacional.

Conflictos armados investigados por Amnistía Internacional

El listado de conflictos armados investigados por Amnistía es largo y extenso. En el Centro de Documentación de la organización están todos los informes publicados a lo largo del tiempo. Es la biblioteca de los derechos humanos. A modo de ejemplo destacamos solo algunos de los principales publicados en 2022:

• En agosto de 2022, Amnistía Internacional publicó el informe titulado The Rule of Taliban: A Year of Violence, Impunity and False Promises, que documenta violaciones flagrantes de los derechos humanos perpetradas durante un año de régimen talibán y revela la impunidad generalizada por crímenes como la tortura, los asesinatos de represalia y los desalojos forzosos de quienes se oponen a los talibanes.
• Una exhaustiva investigación de Amnistía Internacional documenta como fuerzas militares rusas cometieron un crimen de guerra cuando atacaron en marzo de 2022 el teatro de Mariúpol, en Ucrania, y causaron la muerte de al menos una decena de personas: “Children”: The Attack on the Donetsk Regional Academic Drama Theatre in Mariupol, Ukraine.
• En junio de 2022, Amnistía Internacional publicó el informe titulado “Bullets rained from the sky”: War crimes and displacement in eastern Myanmar, en cuyas conclusiones denuncia que el ejército de Myanmar sometió a civiles karen y karenni a castigo colectivo mediante ataques aéreos y terrestres generalizados, detenciones arbitrarias que a menudo han dado lugar a tortura o ejecuciones extrajudiciales, y el saqueo y quema sistemáticos de pueblos.
• Combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF) asesinaron a decenas de personas, cometieron decenas de violaciones en grupo contra mujeres y niñas —algunas de sólo 14 años— y saquearon bienes particulares y públicos en dos zonas de la región de Amhara, en el norte de Etiopía; tal y como lo documentó Amnistía Internacional en su informe: Ethiopia: Summary killings, rape and looting by Tigrayan forces in Amhara.
• Cuando la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj entró en su tercera década, la reanudación de los combates en 2020 puso de manifiesto los riesgos para un grupo concreto: las personas mayores. Los armenios de edad avanzada fueron invariablemente los últimos en huir de sus pueblos y, al parecer, constituyeron más de la mitad de las muertes de civiles. Muchos fueron objeto de crímenes de guerra por parte de las fuerzas azerbaiyanas, como ejecuciones extrajudiciales y torturas y otros malos tratos durante la detención. Algunos hombres mayores siguen desaparecidos. Amnistía Internacional lo documentó en su informe: Armenia: Last to flee: Older people’s experience of war crimes and displacement in the Nagorno Karabakh conflict.
  

  No nos detendremos hasta que:

  • Se haya acabado con la impunidad por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión.
  • Las partes involucradas en los conflictos armados entiendan que nunca está justificado violar las medidas de protección que el derecho internacional brinda a la población civil.
  • Se ponga fin al reclutamiento y uso de niños y niñas soldados y se produce su desmovilización, rehabilitación y reinserción en la sociedad.
  • El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas cobre vida en la legislación y la práctica nacionales.

  Amnistía Internacional documenta y hace campaña contra las violaciones del derecho internacional en los conflictos armados, con independencia de quienes las cometan o donde se cometan. La organización apoya a las personas sobrevivientes en sus demandas de justicia y rendición de cuentas, comenzando ante las autoridades nacionales hasta llegar a instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.