Otras restricciones de ingreso que ya entraron en vigor obligan a la mayoría de los migrantes que quieren obtener asilo en Estados Unidos a solicitar una cita en un puerto de entrada. Los problemas relacionados con la nueva aplicación móvil han hecho que miles de ellos intenten obtener una cita en vano mientras siguen varados en los pueblos fronterizos de México, donde muchos ya esperan desde hace varios meses.

“Lo que tenemos en Tijuana y otras ciudades fronterizas de México es un cuello de botella”, dijo Enrique Lucero, director de la oficina de servicios migratorios de la ciudad de Tijuana, al otro lado de la frontera de San Diego. “Miles de migrantes están esperando la oportunidad de ingresar a Estados Unidos, y siguen llegando más”.

Los 30 albergues de la ciudad pueden alojar a 5600 personas, pero ahora tenemos no menos de 15.000 migrantes en la ciudad, aseveró.

“El número de personas que pueden entrar a Estados Unidos son unas doscientas al día, pero aquí hay miles. Los albergues están a su máxima capacidad”, señaló.

Incluso antes del incendio del lunes, la frustración se había desbordado a principios de este mes en Ciudad Juárez cuando cientos de migrantes, la mayor parte de ellos venezolanos, trataron de irrumpir en los puentes internacionales para llegar a El Paso, Texas, pero lo único que lograron fue enfrentarse con las autoridades estadounidenses.

Ante la presión de Estados Unidos, México ha aceptado recibir un número cada vez mayor de migrantes que son rechazados por las autoridades estadounidenses, además se toman otras medidas para ayudar a controlar la cantidad de migrantes que cruza a Estados Unidos.

Algunos funcionarios locales del lado estadounidense de la frontera señalaron que el gobierno de Biden generó esta situación cuando prometió ponerle fin a la política de deportación de la época de la pandemia, conocida como Título 42, lo cual hizo que miles de personas viajaran a la frontera, y al poco tiempo se impusieron nuevas restricciones.

“Hay mucha frustración”, dijo Ricardo Samaniego, el juez de condado en El Paso, la ciudad que está en la frontera con Ciudad Juárez. “Los engañan, les dicen que pondrán fin al Título 42 y luego les dicen: ‘Olvídenlo’, entonces la gente se queda varada”.

Samaniego explicó que a través de sus homólogos en México se había enterado de que los albergues y los centros de detención en Ciudad Juárez estaban casi a su máxima capacidad y que se estaban preparando para otra ola en los próximos días y semanas y que había planes de eliminar el Título 42 el 11 de mayo.

Durante meses, los defensores de los migrantes han estado advirtiendo que la situación se estaba saliendo de control.

“Las 39 vidas que se perdieron anoche en Ciudad Juárez son una carga espantosa. Los sistemas de protección que hemos establecido para vigilar a las personas que migran son como manos de acero en guantes de terciopelo y la muerte es parte de ese costo. Todos somos responsables”, comentó en Twitter Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, una organización religiosa.

Como los albergues de muchas ciudades fronterizas están llenos, los recién llegados han tenido que dormir en hoteles descuidados hasta que se les acaba el dinero y luego han terminado en las calles y en edificios abandonados. Las tensiones han aumentado y provocaron enfrentamientos con los oficiales de policía mexicanos, a quienes los migrantes acusan de golpearlos, arrestarlos y extorsionarlos. Hay migrantes que han sido secuestrados y torturados por los poderosos cárteles que controlan el paso ilegal en la frontera.